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Denuncia de Evasión de Exportadores de Turba: Lacovara adelantó que llevarán la Información “A la Justicia”

Denuncia de Evasión de Exportadores de Turba: Lacovara adelantó que llevarán la Información “A la Justicia”

El representante de la Cámara de Comercio de Tolhuin, Alejandro Lacovara, informó sobre la decisión de llevar a la justicia la investigación que vienen realizando sobre presunta evasión de parte de exportadores de turba, que estarían usufructuando los beneficios de la ley de promoción sin ser productores y, en algunos casos, sin estar radicados en la provincia. Afirmó que cuentan con documentación que prueba estas operaciones y dio a conocer que se sumó la Aduana y la AREF a la búsqueda de datos para verificar esta presunta irregularidad. Estima que una sola empresa llevaría acumulados 70 millones evadidos al fisco nacional por esta maniobra, que perjudica al productor local y constituye “Una competencia Desleal”.

Río Grande.- El representante de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Tolhuin, Alejandro Lacovara, dio a conocer la investigación que llevan adelante por presunta evasión de parte de un grupo de empresas exportadoras de turba, que operan al amparo de la ley 19640 sin ser productores y en algunos casos, sin tener radicación en la provincia, por lo que exponen una “Competencia Desleal” con los emprendedores locales.
Explicó que la investigación de la cámara inició a partir de una denuncia anónima contra el ex concejal Aníbal Cardozo, José Luis Garmendia, José Ricardo Pizzo y Antonio Dos Santos.

La denuncia se habría radicado ante la Aduana en junio de 2017, y está referida a operaciones de las empresas Terrafértil S.A., domiciliada en la localidad bonaerense de Moreno, y la Productora Comercializadora Martínez S.R.L., con domicilio en Río Grande.

Lacovara recordó que el beneficio de la 19640 es “Para el Productor Directo”, y estas empresas estarían comprando la materia prima a terceros para revenderla.

“Si yo voy y quiero comprar a otro productor de turba, hay que pagar el adelanto de IVA y el impuesto a las Ganancias al momento de despachar la mercadería por Aduana. No es así cuando quien exporta es el que produce la mercadería”, explicó, asegurando que Terrafértil no ha producido lo que exportó, y “ha sacado más de 300 camiones en un año, comprando a otro productor, por lo que le corresponde pagar los impuestos. Terrafértil está sacando la mercadería y ni siquiera tiene domicilio en Tierra del Fuego, porque está constituida en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.
Apuntó contra la “Competencia Desleal” de estas empresas y, respecto de la Productora Comercializadora Martínez, dijo que está inscripta “Para extracción de productos forestales de bosques nativos pero, siendo un aserradero, está sacando turba. Si permiten eso, tendrían que permitir que los turberos puedan sacar madera, y es algo ilógico”, planteó.


En el caso del ex concejal Aníbal Cardozo, aseguró que “Puso al hijo, que no tiene turbera y es parte de esta sociedad comercial. Hay dos socios más, uno tiene turbera y el otro está en Buenos Aires y no tiene, y es uno de los socios de Terrafértil”.
La Cámara se abocó a recopilar información y pidieron colaboración a la CAME en Buenos Aires, que “nos pidió que notifiquemos a todos los organismos nacionales y provinciales. A partir de enero decidimos empezar a hacer las presentaciones por escrito. En febrero se llevará la documentación al tribunal federal de la Nación para que determine si hay evasión”, indicó.


Ratificó que “están tomando beneficios indebidos y es un grupo de cuatro o cinco empresas que, a través de esta manipulación de situaciones, se están llevando la mayor parte de la turba en Tierra del Fuego. Competir de esa forma es imposible para el pequeño productor”, sentenció.

AREF y Aduana investigan

Por otra parte, dio a conocer que tras la exposición pública de esta situación, la Aduana y AREF decidieron involucrarse y personalmente el contador Luis María Capellano -titular de la AREF- se puso en comunicación con la Cámara. “El primer paso es el proceso de investigación y estamos buscando toda la información de los organismos. Si bien la Cámara tiene un expediente de más de cien fojas, estamos buscando juntar a todos los organismos para que esto se resuelva de una manera definitiva” dijo.


También confirmó la decisión de judicializar esta investigación: “Estuvimos reunidos con el Secretario de Agroindustria, con el responsable de Minería, con Ramiro Caballero de Industria, con la Aduana, y hasta ahora no encontramos una solución directa, por eso vamos a presentar la información a la justicia, para que se pueda avanzar”, expresó.
“La gente de Aduana nos ofreció su equipo de trabajo para que nos ayude a investigar, y la AREF también hizo la propuesta para ser partícipe. Esto beneficia a todos los productores de Tierra del Fuego que están haciendo bien las cosas”, manifestó.


Respecto de las declaraciones públicas del secretario de Minería Víctor Barrios sobre este tema, quien argumentó que el área a su cargo no tiene injerencia una vez despachado el material, concedió que “en parte tiene razón y lo habíamos hablado con él, porque ellos no emiten los certificados de origen. La Secretaría de Minería hizo una reunión en Tolhuin donde planteamos que sean ellos los que emitan los certificados, porque hoy depende de Agroindustria. No sabemos si hay falta de comunicación allí, por eso justamente planteamos reunir a todos los organismos para explicar la problemática que tenemos y las posibles soluciones”.


“Nosotros tenemos controles de cinco instituciones, de la Aduana, de Minería, de SENASA, el certificado de origen pasa por otro sector y también estamos buscando simplificar el proceso de exportación. El área que tiene mayor información de esta actividad es la Secretaría de Minería y hay una excelente relación con Víctor Barrios”, afirmó.


La simplificación de procesos para la exportación “se viene planteando desde mediados del año pasado y esperamos para 2018 encontrar una solución, porque este problema viene de varios años. El expediente que tiene Aduana con esta denuncia data de 2004. La evasión data desde esa época hasta junio de 2017 y hablamos de 70 millones de pesos acumulados por una sola empresa”, subrayó.
Para Lacovara hay documentación colectada que prueba las operaciones irregulares: “Hay una empresa radicada en Buenos Aires y obtuvimos la información de la AFIP. Tenemos pruebas fehacientes y tenemos comprobadas comercializaciones internas”, dijo.


“A través de AREF empezamos ver quién está inscripto dentro del convenio local y quién dentro del convenio multilateral, porque quien está inscripto dentro del convenio local tiene que vivir en Tierra del Fuego; y el que está dentro del convenio multilateral en varias provincias, no puede sacar el producto y venderlo, porque involucra ingresos brutos de otras jurisdicciones”, apuntó.
“Tenemos las pruebas de todo lo que salimos a decir y estamos esperando respuesta de los organismos”, insistió.


Hasta el momento, de las empresas señaladas el único que tomó contacto con la Cámara fue Antonio Dos Santos: “Me dijo que tienen todos los papeles en regla. Los cinco empresarios tienen mi celular personal y, salvo Antonio, ninguno se comunicó para aclarar la situación. Antes de iniciar esto, nos comunicamos con uno de los socios de Terrafértil S.A. y de Minera Terrafértil SRL, que siempre estuvo al tanto de lo que estamos haciendo. Están todos avisados y, el que está haciendo mal las cosas, tendrá que empezar a llamar a sus abogados. Esperamos que esto no siga sucediendo en adelante y, de acá para atrás, lo definirá la justicia”, concluyó.

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